Estimad@s colegas

Me hubiera gustado escribir antes sobre las reflexiones de Fernando, 
pero no había podido.

Fernando hace un diagnóstico preciso y muy necesario -diría que 
imprescindible- de la precariedad laboral en el sector GLAM, que afecta 
a los servicios externalizados y también al propio sector público, donde 
en muchas ocasiones los puestos se convocan en condiciones inferiores a 
la cualificación necesaria para el ejercicio profesional, o con 
requisitos y contenidos obsoletos. Así lo viene reflejando el 
Observatorio de Defensa de la Profesión de FESABID 
(https://www.fesabid.org/en-accion/observatorio/), que recibe 
numerosísimas denuncias de situaciones y convocatorias inaceptables para 
la dignidad profesional.

Poco se puede añadir a lo que señalado: la carencia de convenios propios 
y el que la contratación pública no atienda en ocasiones a criterios 
socialmente responsables genera condiciones de externalización que 
expulsa de nuestros ámbitos profesional a muchas personas bien 
cualificadas, o los precariza si no tienen alternativas mejores. Diría 
también que las malas condiciones laborales y las bajas expectativas 
disuaden a bastantes jóvenes, cuando tienen que elegir sus estudios al 
dirigirse a la Universidad, de optar por los Grados universitarios 
relacionados con nuestra profesión. Y por ello podemos estar perdiendo a 
muchas vocaciones brillantes que contribuirían al relevo generacional y 
enriquecerían nuestra profesión si vieran más factible incorporarse a ella.

Es muy necesario luchar por la protección de los derechos laborales en 
nuestra profesión, para quienes actualmente la ejercen, y porque eso la 
hará más atractiva para quienes aspiren a estudiarla y a desempeñarla en 
el futuro. La racionalidad neoliberal imperante en el mercado laboral 
encamina a una mayor precariedad en general, y particularmente en 
nuestro sector, y eso lo deberíamos abordar con pautas como las que 
Fernando propone hacer llegar a las administraciones, los sindicatos y 
las empresas del sector. Incluyendo la reivindicación cuando sea 
necesario y factible.  También necesitamos que Universidad y 
asociaciones vayamos muy de la mano para fortalecernos mutuamente, 
porque una profesión tiene más fortaleza si tiene una o varias 
titulaciones de referencia fuertes. Nuestra labor es muy complementaria.

Una anédota: al poco de empezar a trabajar como auxiliar de biblioteca 
(lo que hoy sería C1) en mi Universidad, en todas las universidades se 
vio que era justo que promocionáramos a la categoría de ayudante (A2), 
para hologarnos con los colegas que hacían funciones parecidas en el 
Ministerio de Cultura. Era mediados de los años ochenta, y en un breve 
plazo se hizo, haciéndonos sentir reconocidos y tratados justamente como 
profesionales. Muchos años después diría que la situación profesional en 
general ha ido para atrás especialmente para las nuevas generaciones. Y 
revertir esto es una prioridad para el futuro profesional y para la 
dignidad de una profesión que en todas sus variantes debe ejercerse de 
acuerdo con la relevancia del derecho a la información. Reivindiquemos 
esto hoy que es el Día Internacional del Derecho a Saber.

Un saludo cordial,

José A.

El 14/09/2021 a las 9:00, Fernando Juarez escribió:

> *Contratación pública socialmente responsable*
>
> Fernando Juárez-Urquijo
>
> Biblioteca de Muskiz
>
> Miembro del Grupo Thinkepi
>
> *
> *
>
> Comentábamos en un Thinkepi anterior^^1 
> <#m_2212835173267915319_sdfootnote1sym> que estamos a las puertas de 
> un relevo generacional en los servicios GLAM públicos (bibliotecas, 
> archivos, museos, centros de documentación) y que el panorama que nos 
> adelantan los actuales modelos de contratación auguran un aumento del 
> número de externalizaciones. Es previsible la incorporación de una 
> cohorte de nuevos profesionales que trabajarán para las diferentes 
> administraciones sin ser empleados públicos y realizando, en muchas 
> ocasiones, labores de carácter permanente.
>
> Esta nota se va a centrar en la problemática de la contratación 
> pública vía externalización, en la oportunidad que para promover la 
> sostenibilidad, la equidad y la innovación tienen las administraciones 
> públicas si utilizan su gran “poder de compra” con criterios de 
> responsabilidad social y en el papel de las asociaciones profesionales 
> en la regulación de nuevos ecosistemas laborales.
>
>
> *¿Hablamos?*
>
> En la recepción inaugural de las JEID19^^2 
> <#m_2212835173267915319_sdfootnote2sym> organizadas por FESABID^^3 
> <#m_2212835173267915319_sdfootnote3sym> una persona se acercó para 
> preguntarme si era el representante de ALDEE^^4 
> <#m_2212835173267915319_sdfootnote4sym> (acababa de estrenarme como 
> presidente de la Asociación). Tras los saludos protocolarios hablamos 
> distendidamente sobre nuestro (común) origen geográfico, los conocidos 
> que compartíamos y sobre nuestras circunstancias laborales, ella con 
> cargo de responsabilidad en una empresa privada dedicada a la gestión 
> de archivos y centros de documentación, sobre todo públicos, yo 
> funcionario en la administración local trabajando en una biblioteca 
> pública. Tras unos minutos la conversación llegó al punto buscado: en 
> su empresa estaban preocupadas porque no eran capaces de retener el 
> capital humano (personas en las que invertían tiempo y dinero para 
> mejorar sus conocimientos y habilidades pero que abandonaban la 
> empresa buscando mejores ofertas laborales, casi siempre de las 
> administraciones) y tenían problemas para encontrar relevo 
> cualificado; se preguntaba si nuestra asociación podría ayudar 
> orientando la formación hacia lo que el mercado (empresas y 
> administraciones) demandaban. En ese punto comenté que, en mi opinión, 
> su problema no era tanto de formación como de condiciones laborales y 
> que desaparecería, en gran medida, con un aumento de sueldos. Ante mi 
> simpleza (“Sí, claro, es evidente, pero hay que tener en cuenta las 
> reglas del juego”) mi interlocutora decidió impartir un cursillo 
> acelerado sobre licitaciones públicas.
>
>
> -- 
> Fernando Juárez.
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José Antonio Gómez Hernández
Departamento de Información y Documentación
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