Hola:
Bueno, esto que a primera vista no parece más que otra sarta de despropósitos a la que nos tienen acostumbrados estos individuos, se vuelve un tanto preocupante al contar con el apoyo del ministerio de Sebastian.
Las declaraciones que hizo Alierta fueron una serie de sandeces fruto del más absoluto analfabetismo digital, que en el caso del presidente de la principal teleoperadora española es sangrante y explica muchas cosas sobre el desfase tecnológico de España frente a la UE y demás países del primer mundo. Falacias como que google usa las redes sin pagar, obviando el hecho de que la empresa pagará por las redes a la teleoperadora que le de el servicio en su país, igual que nosotros le pagamos a telefónica por nuestras respectivas conexiones. O ahora Alierta pretende cobrar a cualquiera que, no siendo cliente suyo acceda a servidores conectados mediante la red de telefónica. Red que, por cierto, se puso hace demasiados años, y con el dinero de todos los españoles, no con el del señor Alierta. Del resto de sus intentos de explicar términos como el "cloud computing" no vale la pena ni hablar, el señor Alierta se puso en ridículo el solito.
Respecto al señor Bautista, que insiste en tildar de "ilegales" algunas webs de intercambio de archivos, sería interesante recordarle que hasta ahora los juicios han demostrado la ausencia de delito en las actividades de dichas webs (muy interesante el blog de David Bravo
http://www.filmica.com/david_bravo/ ). A la SGAE no le gusta que se le tilde de "ladrones", que sus representantes no insulten a los ciudadanos tildándolo de delincuentes, cuando los jueces han dejado claro que no hay delito en esas actividades.
Independientemente de esto, si quieren poner puertas al campo, pasando por encima del derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones, mediante el escaneo del tráfico web, lo llevan claro: cada vez hay más sistemas p2p que encriptan el tráfico de manera que es imposible saber qué descarga quién. Aunque yo, como ciudadano empiezo a preguntarme por qué el gobierno no sólo tolera sino que impulsa que entidades privadas como la SGAE violen los derechos constitucionales de los ciudadanos o apoyen medidas como las propuestas contra Alierta que atentan contra la neutralidad en la red, concepto que no parecen entender nuestras administraciones. ¿Por qué el gobierno pone los intereses de estas entidades por delante de los de millones de ciudadanos?
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Álvaro Meléndez Galán
Dip. en Biblioteconomía por la UEx
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