*Contratación pública socialmente responsable*

Fernando Juárez-Urquijo

Biblioteca de Muskiz

Miembro del Grupo Thinkepi


Comentábamos en un Thinkepi anterior1
<#m_2212835173267915319_sdfootnote1sym> que estamos a las puertas de un
relevo generacional en los servicios GLAM públicos (bibliotecas, archivos,
museos, centros de documentación) y que el panorama que nos adelantan los
actuales modelos de contratación auguran un aumento del número de
externalizaciones. Es previsible la incorporación de una cohorte de nuevos
profesionales que trabajarán para las diferentes administraciones sin ser
empleados públicos y realizando, en muchas ocasiones, labores de carácter
permanente.

Esta nota se va a centrar en la problemática de la contratación pública vía
externalización, en la oportunidad que para promover la sostenibilidad, la
equidad y la innovación tienen las administraciones públicas si utilizan su
gran “poder de compra” con criterios de responsabilidad social y en el
papel de las asociaciones profesionales en la regulación de nuevos
ecosistemas laborales.


*¿Hablamos?*

En la recepción inaugural de las JEID192
<#m_2212835173267915319_sdfootnote2sym> organizadas por FESABID3
<#m_2212835173267915319_sdfootnote3sym> una persona se acercó para
preguntarme si era el representante de ALDEE4
<#m_2212835173267915319_sdfootnote4sym> (acababa de estrenarme como
presidente de la Asociación). Tras los saludos protocolarios hablamos
distendidamente sobre nuestro (común) origen geográfico, los conocidos que
compartíamos y sobre nuestras circunstancias laborales, ella con cargo de
responsabilidad en una empresa privada dedicada a la gestión de archivos y
centros de documentación, sobre todo públicos, yo funcionario en la
administración local trabajando en una biblioteca pública. Tras unos
minutos la conversación llegó al punto buscado: en su empresa estaban
preocupadas porque no eran capaces de retener el capital humano (personas
en las que invertían tiempo y dinero para mejorar sus conocimientos y
habilidades pero que abandonaban la empresa buscando mejores ofertas
laborales, casi siempre de las administraciones) y tenían problemas para
encontrar relevo cualificado; se preguntaba si nuestra asociación podría
ayudar orientando la formación hacia lo que el mercado (empresas y
administraciones) demandaban. En ese punto comenté que, en mi opinión, su
problema no era tanto de formación como de condiciones laborales y que
desaparecería, en gran medida, con un aumento de sueldos. Ante mi simpleza
(“Sí, claro, es evidente, pero hay que tener en cuenta las reglas del
juego”) mi interlocutora decidió impartir un cursillo acelerado sobre
licitaciones públicas.

*¿A cuánto están los panes y los peces?*

En las administraciones tenemos menos personal que hace treinta años a
pesar de que ofertamos una mayor cantidad de servicios. ¿Panes y peces? No,
el milagro se llama subcontratación de servicios y se está generalizando:
los “compradores públicos” son los principales inversores en Europa y sus
gastos representan ya el 14% del producto interior bruto de la UE. Se
(pre)supone que a través de la externalización las administraciones mejoran
su eficiencia, son más eficaces y reducen costes pero lo cierto es que
sabemos poco5 <#m_2212835173267915319_sdfootnote5sym>:

- sobre la valoración que los ciudadanos hacen de la provisión de los
servicios públicos y sus preferencias en cuanto a la prestación de los
mismos por un ente público o privado

- sobre el grado de externalización de los servicios públicos que se ha
alcanzado en España en la actualidad

- sobre las condiciones en que las Administraciones públicas garantizan la
calidad de los servicios externalizados a través de su seguimiento y
control.

- sobre los costes socioeconómicos a medio y largo plazo

Mediante el uso estratégico de la externalización las administraciones
aprovechan las capacidades de innovación de los proveedores para delegar la
gestión de servicios no esenciales y enfocar esfuerzos a sus actividades
nucleares. Se contratan sobre todo servicios que afectan a tareas que son
intensivas en recursos humanos que no requieren alta cualificación, las
altamente especializadas (bibliotecas, archivos, centros de documentación y
museos funcionan gracias a profesionales cualificados), o las que están
sujetas a cargas de trabajo que pueden ser fluctuantes y finalistas. Para
elegir la mejor oferta se establecen unos criterios técnicos (cuya
valoración depende de un juicio de valor), unas condiciones económicas
(evaluables mediante la utilización de fórmulas) y unos mecanismos de
ponderación que, sistemáticamente, otorgan más peso a los aspectos
económicos. Si una empresa quiere ser competitiva tiene que rebajar sus
costes y eso se consigue reduciendo trabajadores y salarios.

*Mejorar servicios recortando gastos*

Mejorar servicios recortando gastos: oxímoron perfecto. Esta manera de
entender y aplicar la gestión pública buscando la flexibilidad y la
eficacia incidiendo sistemáticamente en un recorte del gasto conduce, sin
remedio, a minusvalorar las condiciones técnicas frente a las económicas
(algo muy sensible cuando se realizan tareas especializadas); a la
precariedad laboral y al descontento profesional; a la fuga de
profesionales que dejarán las empresas en busca de mejores condiciones; al
surgimiento de conflictos para corregir situaciones (sobre todo donde haya
un mínimo de masa laboral que abra la puerta a la acción sindical) y a la
preocupación de ciudadanos y administraciones por la discontinuidad en los
servicios. Sí, el recorte de gastos a corto plazo se consigue pero sobre la
mejora del servicio hay dudas razonables.

En su intento de mejorar ahorrando la administraciones están, sin
pretenderlo, pauperizando profesionales y empresas, generando tensiones
laborales, empeorando servicios y dañando el ecosistema informacional. La
demanda que se planteó en el cóctel iba sobre formación en un entorno de
alta volatilidad laboral, la respuesta que desde el mundo asociativo
estamos buscando pasa por entender cómo funcionan los mecanismos de
contratación para proponer y propiciar unas condiciones de externalización
que beneficien a todas las partes implicadas.

*Externalización e igualdad de condiciones: un poco de (cruda) realidad*

Para elegir proveedores se establecen procesos de “compra” que garantizan
la concurrencia empresarial en igualdad de condiciones. En los pliegos de
licitación se recogen, de forma pormenorizada, tanto la descripción
detallada de las condiciones de prestación y de las obligaciones que asume
el contratista, como, muy importante, las prerrogativas de la
administración (interpretación, resolución, etc.), que actúan como garantes
de la correcta prestación del objeto de cada contrato. Al menos en teoría
gana el contrato la mejor oferta: aquella que ofrece un buen equilibrio
entre calidad y precio.


Quien externaliza matiza aspectos técnicos (exige perfiles, titulaciones,
servicios a cubrir, horarios...) y económicos (establece el techo de gasto
tras calcular un importe que garantiza margen de beneficio empresarial y
pago de salarios que, sin igualar los que perciben “los trabajadores de la
casa”, cumplen todos los requisitos del mercado laboral) remitiendo al
“convenio del sector” para regular el marco laboral a aplicar. La
inexistencia de un convenio propio en nuestro sector deja abierta, de
manera legal, la posibilidad a que las empresas compitan en una licitación
con marcos laborales diferentes (oficinas y despachos, ocio, intervención
social, artes gráficas...). Si, además, no se establecen puntuaciones
mínimas en el apartado técnico ni se limitan los porcentajes de rebaja en
el precio, el resultado es que el actual mecanismo favorece a las empresas
“más baratas”. Ser barato se consigue adelgazando márgenes de beneficio,
gastos de gestión y sobre todo, un gasto de personal condicionado por el
convenio laboral a aplicar. Esta discrecionalidad condiciona las ofertas,
desvirtúa las valoraciones y permite las desigualdades.

En una Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja
15/54706 <#m_2212835173267915319_sdfootnote6sym> dirigida a la Consejería
de Hacienda y Administración Pública se afirma que la externalización de la
acción administrativa no es objeto de sopesado análisis previo a la
adopción de la decisión sobre la misma, así como que tampoco es producto de
una planificación y diseño en su implementación y que, ciertamente, es
deficitaria en su fase de seguimiento (control y evaluación), circunstancia
que contrasta con el amplio uso que de esta figura se hace por parte de los
distintos entes que conforman el sector público, de amplia presencia en los
diversos ámbitos de la acción pública (sanidad, educación, servicios
sociales, obras públicas, protección civil, etc.). Las administraciones
carecen de un modelo de externalización que estandarice el proceso de esta
técnica de gestión en sus sucesivas fases de adopción, implementación y
seguimiento.

Puede suceder, y sucede7 <#m_2212835173267915319_sdfootnote7sym>, que una
administración generosa a la hora de dotar económicamente una licitación
(consignando unas cantidades que cubran gastos de gestión, permitan
beneficio empresarial y salario digno) pero ¿descuidada? en la redacción de
los mecanismos de ponderación facilite que una empresa que en el apartado
técnico obtenga 14,75 sobre 40 puntos (un 3,6 sobre 10) consiga superar a
otra empresa que sea valorada técnicamente con un 32 sobre 40 (8 puntos)
gracias a una reducción en la oferta económica del 40% sobre la cantidad
que la administración considera correcta para realizar el servicio (un 30%
más barata que su rival). Es probable que las personas propuestas por ambas
empresas estén bien cualificadas para desempeñar el trabajo aunque,
obviamente, lo que percibirán a final de mes sea sustancialmente diferente.
Sí, la administración ha conseguido ahorrar optando por una contratación
que sus propios técnicos han calificado como deficiente (3,6 sobre 10),
premiando a una empresa que paga peor a sus trabajadores (aunque es cierto
que aplica un convenio laboral legal) y desestimando, por poco
“competitivas”, empresas que con una valoración técnica superior intentan
mejorar las condiciones salariales de sus profesionales (con convenios
laborales más favorables).

*Saber hacer*

Para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los servicios públicos
las administraciones buscan, en teoría, el *saber hacer* de la iniciativa
privada; en la práctica las actuales políticas de externalización penalizan
a las empresas que cuidan el know how (estableciendo condiciones laborales
que permitan retener a esos profesionales especializados e invertir en su
formación) y premia a empresas con estrategias de bajo precio.

El detonante de los 229 días de huelga de Ubik (Tabakalera) en 2019 se
encuentra en unos pliegos de condiciones que permitieron situaciones como
la descrita. Una de las soluciones aplicadas para reconducir la situación8
<#m_2212835173267915319_sdfootnote8sym> fue volver a licitar el servicio
asumiendo las mejoras laborales pactadas entre los trabajadores y la
empresa adjudicataria (incremento salarial del 32,3%, una jornada inferior
a la que desempeñaban antes del conflicto, mejoras en la relación con los
turnos de trabajo, especialmente los fines de semana) y articulando
mecanismos -se estableció un convenio de referencia al que tendrían que
ceñirse las empresas- para evitar los problemas derivados de la falta de un
convenio sectorial propio9 <#m_2212835173267915319_sdfootnote9sym>.

Preocupa que una falla detectada y solucionada en 2019 se replique en 2021
en el mismo territorio y por alguna de las administraciones implicadas.
Desde las asociaciones creemos importante:

   -

   alertar a las administraciones sobre los efectos de la falta de un
   mecanismo que garantice licitar en igualdad de condiciones


   -

   proponer que se aplique un “convenio de referencia de mínimos” mientras
   se consigue la creación de un convenio propio


   -

   hablar con sindicatos y empresas del sector para que entablen las
   negociaciones necesarias para redactar y aprobar un convenio que tenga en
   cuenta las peculiaridades de los servicios GLAM.


*El gran problema: falta de músculo para implantar un marco regulatorio
sectorial*

Los convenios laborales regulan aspectos laborales básicos en materia de
funciones, horarios, retribuciones, conciliación familiar, etc. Al carecer
de convenio propio se recurre al de otros ámbitos (oficinas y despachos,
ocio, intervención social, artes gráficas...) que no están adecuados a
nuestras realidades. Recurrir a marcos regulatorios no adecuados dificulta
tanto la correcta valoración de costes como la selección del personal y
acaba propiciando situaciones que perjudican a todos los agentes
implicados: contratadores de origen (muchas administraciones, sobre todo
las locales), contratadores de intermediación (empresas de servicios)
profesionales de la información y a la ciudadanía como destinataria final
de los servicios. Tomar conciencia del problema y conseguir visibilidad
como sector es fundamental para intentar negociar un marco propio que se
adapte a nuestra idiosincrasia.

Para crear o modificar un convenio laboral es necesario que sindicatos y
empresas lleguen a un acuerdo. Es cierto que donde se ha producido
concentración de trabajadores (BNE, Azkuna, Ubik o la Red de Bibliotecas de
Las Palmas) las presiones sindicales han forzado nuevas condiciones que han
mejorado situaciones (jornadas excesivas, categorías laborales específicas,
salarios muy bajos, carencia de pluses...) pero sin solucionar el problema
de fondo: la carencia de un marco de referencia laboral propio.

Somos un colectivo que no concentra gran número de trabajadores en un mismo
centro, la tasa de temporalidad es muy elevada y carecemos de un tejido
empresarial significativo por lo que habitualmente estamos
infrarrepresentados en sindicatos y organizaciones empresariales y no
participamos en las negociaciones. Como sector (los profesionales a través
de los sindicatos y las empresas como colectivo con personalidad propia)
necesitamos ganar representatividad para dar a conocer las particularidades
de nuestros perfiles profesionales para que sean tenidos en cuenta en la
redacción del marco laboral. Es un movimiento que debemos realizar como
sector, al unísono, porque de la misma manera que no se reconoce a los
profesionales, tampoco se visualiza la existencia de un conjunto
empresarial definido y reconocido como interlocutor válido. En las
asociaciones creemos que debemos conseguir que nuestras reivindicaciones
sean atendidas por los sindicatos y que las empresas deben unirse para no
ser diluidas entre las más potentes y generalistas a las que no les
conviene definir ni perfilar el nicho de mercado.

*La contratación pública socialmente responsable. *

La Comisión Europea ha publicado un informe10
<#m_2212835173267915319_sdfootnote10sym> que recoge casos de buenas
prácticas sobre cómo los compradores públicos han implementado la
contratación pública socialmente responsable (SRPP socially responsible
public procurement), con el fin de promover oportunidades de empleo,
trabajo decente, inclusión social, accesibilidad, comercio ético, diseño
para todos, a la vez que se logra un mayor cumplimiento de los estándares
sociales. Adoptar criterios de compra pública socialmente responsable exige
a los compradores que miren más allá del precio y la calidad de los
productos o servicios que desean adquirir y que también consideren cómo se
produce y obtiene un producto o servicio. Al utilizar su poder adquisitivo
para optar por bienes y servicios que generen resultados sociales
positivos, pueden hacer una contribución importante al desarrollo
sostenible. Tanto el sector público como el privado reconocen cada vez más
la necesidad de abordar los tres pilares de la sostenibilidad (social,
ambiental y económico) en las adquisiciones. La contratación pública
socialmente responsable influye en el mercado en general tanto en el lado
de la demanda como en el de la oferta. FESABID considera prioritario
concienciar a los responsables políticos sobre esta realidad.

Las Directivas de contratación pública de 201411
<#m_2212835173267915319_sdfootnote11sym> dejan claro que los aspectos
sociales pueden tenerse en cuenta a lo largo del ciclo de contratación,
desde la consulta preliminar del mercado, pasando por el uso de reservas y
el régimen ligero, hasta los criterios de adjudicación social y las
condiciones de ejecución del contrato. Los compradores públicos de toda
Europa están comenzando a aprovechar estas oportunidades y a demostrar un
impacto social real en sus compras. A pesar de ello, los Estados miembros
aún no están explotando plenamente las posibilidades de la contratación
pública como herramienta estratégica para apoyar los objetivos de la
política social.


*Acciones emprendidas desde ALDEE: hacia un modelo de contratación pública
socialmente responsable*

Gipuzkoa es un territorio en el que las externalizaciones han sido
traumáticas y todos los agentes implicados son conscientes de la necesidad
de buscar soluciones de futuro. ALDEE, la asociación profesional de
Euskadi, combina su conocimiento de la situación con su posición
equidistante y neutral entre los diferentes protagonistas y su iniciativa
de puesta en marcha de un proceso piloto para establecer un convenio
sectorial que garantice una contratación pública en igualdad de condiciones
para todas las partes ha sido bien acogida por todos los agentes
implicados. Las acciones realizadas hasta el momento han sido:

   -

   reunión con todos los sindicatos para exponerles la necesidad de un
   convenio colectivo propio y solicitar su ayuda.


   -

   invitar a las empresas del sector a juntarse para no ser diluidas entre
   las más potentes y generalistas a las que no les conviene definir ni
   perfilar el nicho de mercado12 <#m_2212835173267915319_sdfootnote12sym>.


   -

   poner en contactos a empresas y sindicatos para afrontar la negociación
   del convenio.


   -

   exponer a las administraciones la necesidad de establecer medidas
   correctoras en sus pliegos de condiciones y explicar los beneficios de un
   marco regulatorio propio que garantice una contratación pública socialmente
   responsable.

La experiencia de ALDEE en Gipuzkoa servirá de modelo para futuras
actuaciones lideradas por FESABID*.*


*FESABID y ALDEE: hacia un modelo de contratación pública socialmente
responsable*


Desde las asociaciones y colegios profesionales podemos facilitar la
interlocución entre administraciones, empresas, profesionales y sindicatos
para construir un modelo de externalización que fortalezca el sector de la
información en España y por eso en FESABID se ha constituido un grupo de
trabajo interno que ha iniciado las siguientes acciones:

   -

   análisis de los distintos convenios colectivos a los que se adscriben a
   los profesionales contratados de nuestro sector para conocer la situación
   real.


   -

   valoración de la adecuación de dichos convenios a nuestra realidad
   profesional y acordar, si se considera necesario, negociar un convenio
   propio


   -

   establecimiento de contactos con los agentes implicados en una posible
   futura negociación: sindicatos, empresas del sector, trabajadores.


   -

   acompasar las actuaciones al ritmo de las negociaciones colectivas para
   aprovechar los momentos en los que es posible incidir en los convenios
   porque se encuentran vencidos


   -

   Interlocución con las administraciones para exponer las ventajas de la
   contratación pública socialmente responsable.


Veremos.


*Referencias*

1 <#m_2212835173267915319_sdfootnote1anc>Juárez-Urquijo, Fernando (2019).
“Algunas reflexiones sobre el marco de contratación en bibliotecas
públicas”. Anuario ThinkEPI, v. 13, e13b04.
*https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13b04*
<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13b04>

2 <#m_2212835173267915319_sdfootnote2anc>Jornadas Españolas de Información
y Documentación 2019 *http://www.fesabid.org/barcelona2019*
<http://www.fesabid.org/barcelona2019> . Muchas veces nos preguntamos para
que sirven las jornadas y los congresos profesionales. Creo, espero que los
cómites ciéntíficos no se enfaden, que lo mejor de esas reuniones
profesionales es su carácter social, esos encuentros cotidianamente
improbables que propician.

3 <#m_2212835173267915319_sdfootnote3anc>https://www.fesabid.org/

4 <#m_2212835173267915319_sdfootnote4anc>Asociación vasca de profesionales
de archivos, bibliotecas y centros de documentación

5 <#m_2212835173267915319_sdfootnote5anc>Con la recesión económica de 2008
el número de externalizaciones en el ámbito municipal español ha aumentado
pero sin la existencia de registros oficiales sobre el tema es complejo
analizar el fenómeno.

*La capacidad gerencial en los casos de externalización de servicios. Un
análisis de las habilidades de los actores públicos y privados en el ámbito
local*
<https://www.researchgate.net/project/La-capacidad-gerencial-en-los-casos-de-externalizacion-de-servicios-Un-analisis-de-las-habilidades-de-los-actores-publicos-y-privados-en-el-ambito-local-2>
In book: ANUARIO DE DERECHO MUNICIPAL 2019. Marcial Pons ediciones
jurídicas y sociales, s. a.

6 <#m_2212835173267915319_sdfootnote6anc>
*https://www.defensordelpuebloandaluz.es/reclamamos-el-establecimiento-de-criterios-objetivos-para-la-externalizacion-del-sector-publico*
<https://www.defensordelpuebloandaluz.es/reclamamos-el-establecimiento-de-criterios-objetivos-para-la-externalizacion-del-sector-publico>

7 <#m_2212835173267915319_sdfootnote7anc>
*https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso31688/es_doc/es_arch_expjaso31688.html?ruta=http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es*
<https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso31688/es_doc/es_arch_expjaso31688.html?ruta=http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es>

8 <#m_2212835173267915319_sdfootnote8anc>
*https://www.tabakalera.eus/es/ubik-reabre-sus-puertas-la-ciudadania*
<https://www.tabakalera.eus/es/ubik-reabre-sus-puertas-la-ciudadania>

9 <#m_2212835173267915319_sdfootnote9anc>PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALA
EN UBIK,ESPACIO DE BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE CENTRO INTERNACIONAL DE
CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A
*https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso23236/es_doc/adjuntos/clausulas_admin_particulares1.pdf?rand=84718*
<https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso23236/es_doc/adjuntos/clausulas_admin_particulares1.pdf?rand=84718>

10 <#m_2212835173267915319_sdfootnote10anc>*Making socially responsible
responsible public procurement work. 71 good practice cases *
*https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69fc6007-a970-11ea-bb7a-01aa75ed71a1*
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69fc6007-a970-11ea-bb7a-01aa75ed71a1>

11 <#m_2212835173267915319_sdfootnote11anc>DIRECTIVA 2014/23/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 26 de febrero de 2014 relativa a la
adjudicación de contratos de concesión
*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=EN*
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=EN>

12 <#m_2212835173267915319_sdfootnote12anc>Gracias a la iniciativa de ALDEE
se acaba de constituir GALDE: Asociación Empresarial de Archiveros,
bibliotecarios y Centros de Documentación de Gipuzkoa. Entre sus objetivos
“ fomentar la calidad del trabajo que, por diferentes motivos, se está
difuminando cada vez más debido a la degradación conceptual y laboral. Esta
situación ha generado un deterioro de las condiciones de trabajo,
intrusismo, deslocalización, escasa profesionalidad... En la Asociación
Empresarial trabajaremos por el fortalecimiento de la profesionalidad y la
mejora de las condiciones laborales en nuestro territorio”.
*http://www.ereiten.eus/berria/galde-gipuzkoako-artxibozain-liburuzain-eta-dokumentazio-guneen-enpresaburuen-elkartea/*
<http://www.ereiten.eus/berria/galde-gipuzkoako-artxibozain-liburuzain-eta-dokumentazio-guneen-enpresaburuen-elkartea/>
-- 
Fernando Juárez.
https://www.muskiz-liburutegia.org
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