La apuesta por la ciencia abierta
actual tiene ramificaciones positivas, una de ellas es la publicación del
borrador de los criterios que se van a utilizar en la próxima edición de los
sexenios de investigación que comenzará en poco más de un mes. Sirva este
trabajo para contextualizar y comprender mejor qué aportan los nuevos cambios,
qué eran los sexenios de investigación en su origen, cómo han ido evolucionando
y hacia dónde parece que se dirigen. Queremos que se entienda como una crítica
constructiva que aporte a la consolidación del proyecto. Para comenzar, hay que
agradecer los cambios, aun cuando seamos críticos con algunos. Es mejor este
espíritu de cambios que en el inmovilismo de los últimos años frente a una
realidad cambiante y con elementos muy amenazantes.
En 1989 se crearon los sexenios
de investigación en el mundo académico español. Pocas iniciativas
administrativas han tenido tanta influencia en el trabajo de los profesores
universitarios en el ámbito de la investigación. Más aún: probablemente ninguna
iniciativa en el ámbito universitario se haya empleado con fines más diversos
que los sexenios. Nacieron de una necesidad, la progresiva y ya preocupante
reducción de la capacidad adquisitiva de los profesores funcionarios. Por
entonces ya eran incapaces de mantener el tono social que exigía su profesión,
situada en el más alto nivel de la administración pública en el caso de los
catedráticos, con los sueldos que percibían. También deben a una limitación
presupuestaria su definición precisa: un complemento económico que no afecta al
sueldo base. Y, además, un complemento modesto que ha mantenido ese carácter (el
de modesto) hasta la actualidad. En fin: un intento de reducir la brecha
salarial de nuestros académicos ante los del resto de Europa Occidental.
Este beneficio se aplicaba a la
vez a un intento de estimular la producción científica española que se centraba
en un 80% en la que desarrollaban las universidades. Se aplicó inicialmente a
catedráticos, agregados y titulares. Estos cuerpos tenían atribuida plena
capacidad docente e investigadora; no en vano, habían superado las pruebas de
la oposición correspondientes ante tribunales conformados por diversos
sistemas. Con variaciones en cada época, dominó el factor sorteo, aunque entre
un número bastante reducido de candidatos. Por entonces los catedráticos eran relativamente
pocos (o poquísimos) comparados con las cifras actuales. La antigüedad pareció
un indicador suficiente para que se ganaran los méritos (y los complementos
correspondientes) docentes: eso eran por entonces los quinquenios. Quedaba la
investigación como la otra actividad académica sobre la que apoyar un refuerzo
económico más a unos sueldos escuálidos.
Esta decisión de “premiar” la
investigación -a diferencia de la docencia- exigió una organización con
criterios y “jueces” que justificara su adjudicación. Hay que tener en cuenta
que por aquellos tiempos el mundo académico no hacía demasiadas distinciones en
la literatura especializada que generaba: manuales, libros de divulgación,
investigación neta (la que aporta una innovación en un campo determinado),
erudición, ensayismo, etc. (especialmente en el ámbito de las humanidades y de
las ciencias sociales) se consideraba producción académica sin mayores
matizaciones. Sí estaba clara en las áreas de las ciencias positivas y de la
salud. De hecho, en las iniciales atribuciones de sexenios, predominó la
evaluación “cualitativa”. Dicho de otro modo, cada comisión decidía de modo
bastante autónomo qué era investigación y qué no lo era.
En cualquier caso, este
complemento, inicialmente exclusivo para el profesorado funcionario, se abría
la posibilidad de desarrollar una carrera científica en el contexto de cada área
que se premiara con una remuneración extra y acumulable cada seis años, el
Sexenio de Investigación. No hay que olvidar además que estos años iniciales,
previos al siglo XXI, fueron los de crecimiento continuado del profesorado
universitario por la multiplicación de centros estatales y privados por todo el
país. El sexenio facilitó la visualización de la actividad investigadora de una
creciente masa de investigadores. También el establecimiento de una primera
valoración externa de su trabajo, al margen de escuelas y tendencias, aunque en
ciencias sociales estas últimas mantuvieron su peso en las comisiones
evaluadoras durante tiempo en las áreas de humanidades, ciencias sociales y
derecho.
Ya se ha avanzado que la
tradición investigadora y su carácter homologable con la europea y en general
la occidental, era muy distinta en cada disciplina. Por ejemplo, en Química, ya
desde los años 80, la producción científica española medida en artículos en
revistas internacionales de calidad era significativa. En el ámbito de las
humanidades predominaba, y era normal por las temáticas que se investigaban, la
mayoría de las publicaciones tenían una audiencia eminentemente nacional, muchas
veces regional e incluso local. En términos generales los académicos españoles
estaban poco versados en los conceptos básicos de valoración de revistas y
editoriales internacionales. De hecho, el peso de las primeras se medía
habitualmente por el prestigio de la universidad o de la asociación
internacional que las editaba o sostenía. Por supuesto en cada área había bases
de datos de publicaciones específicas y propias y los términos “JCR” o
similares requerían explicación previa en las sesiones informativas sobre
indicadores de calidad de las publicaciones científicas.
A partir aproximadamente del año
2000 y sin que se pueda afirmar que respondió a una estrategia de los
ministerios correspondientes, se observa que los requisitos para la obtención
de los sexenios se hicieron progresivamente más exigentes en cada área. Por
supuesto eran -y son- bastante diferentes en función del punto de partida
dominante en la actividad investigadora en cada uno. Y el “efecto sexenio”
mejoró en términos generales y de manera progresiva la actividad científica
española en todos los campos, aunque a ritmos diversos. A partir de esa fecha
fue habitual que los criterios incrementaran sus exigencias cuando el
porcentaje de sexenios aprobados en cada área superaban un porcentaje significativo,
en torno al 70-80%.
Los siguientes 20 años se
caracterizaron por una reformulación del modelo evaluativo de los méritos. El
proceso dependió inicialmente del punto de partida. Desde la objetividad de las
comisiones de Ciencia que se basaron principalmente en la presencia de
artículos en las revistas del ya desaparecido ISI (ahora Web of Science), hasta
las comisiones de humanidades y derecho donde la evaluación era casi
absolutamente “cualitativa” y dependía en cada caso de los criterios
particulares de los académicos que la componían entre los que podían (y
pudieron) tener un peso significativo las vinculaciones a escuelas
determinadas. Además, se permitió que, por convenio, las universidades privadas
y las públicas pudiesen contratar la evaluación a sus profesores indefinidos.
El primer subrayado de la
importancia de los sexenios de investigación, aparte de la modesta mejora económica que supusieron, se produjo
cuando la nueva ley de universidades estableció que los tribunales de habilitación
de titulares y catedráticos debían estar compuestos por profesores con al menos
dos sexenios, lo que en muchas áreas redujo la lista de sorteables a relaciones
breves. Puso de manifiesto que eran muchos los profesores que no estaban
dispuestos a someter su actividad investigadora a la evaluación de sus
compañeros de comisión. Respondían a una cultura académica funcionarial en la
que la llegada a su posición la marcaba solo el ejercicio de acceso, la
oposición. Una vez allí, decían se alcanzaba la situación de “examinador no
examinado”. Fueron los años de transición hacia un sistema de evaluación
continua, que fue la auténtica línea de ruptura entre la “nueva” y la “vieja”
universidad.
Este primer carácter
discriminatorio de los sexenios dividió al profesorado funcionario español en
dos categorías: los que tenían sexenios y los que no. Marginaba a los segundos
en el control del acceso a la profesión académica y situaba la investigación
como “conditio sine qua non” en el protagonismo y control de la vida
universitaria. La administración priorizó la investigación como característica
esencial de la universidad, asumiendo implícitamente la competencia en docencia.
Así, el sexenio emergió como el principal indicador de la investigación y la
excelencia académica.
Esta opción administrativa
preferencial por la investigación en la vida universitaria se asimiló de muy
diversas maneras y tuvo efectos variados. De entrada, se abrió en el
profesorado una lucha por la claridad y transparencia de los criterios que
conducían a la aprobación o negación de los sexenios, que tuvo una importancia
fundamental en el ámbito de las ciencias sociales. Más aún, los ritmos de
asimilación de las exigencias en cada subárea (economía, empresa, educación,
sociología, antropología, ciencia política, documentación, comunicación,
geografía, etc.) fueron -y son- bastante diferentes. En derecho, campo
evaluativo por excelencia, se decidió establecer unos propios. Más problemas
planteaba inicialmente el mundo de las humanidades, donde la tradición del
libro en la presentación de los resultados de investigación parecía, en
general, un vehículo más adecuado que el artículo especializado (y limitado).
La solución de este problema
excedía la simple evaluación de unos méritos personales ya se ha visto. Y ese
proceso de afianzamiento del protagonismo de la investigación ocupó posiciones
cada vez más relevantes. La siguiente “vuelta de tuerca” fue la introducción
del concepto de “Sexenio vivo”. La nueva ley que reguló los programas de
doctorado exigía que un mínimo del 60% de su profesorado tuviera esta condición,
excluyendo a un grupo que hasta entonces no había tenido problemas en dirigir
tesis. Por si fuera poco, el llamado decreto Werth, estableció que aquellos que
no tuviesen un sexenio vivo podrían ver ampliada su docencia, a titulares y
catedráticos con 3 y 4 sexenios, estando el último vivo, se le reduciría. La
importancia del sexenio en la vida universitaria se había transformado de un
simple complemento retributivo a condición esencial de la carrera académica.
Consecuente, y paradójicamente,
el “sexenio” y sus méritos pasaron a convertirse en un objetivo en vez de
constituir simplemente un indicador. En parte este proceso fue inevitable. Es
más asequible, y sobre todo más rápido, actuar sobre el indicador como objetivo
que cambiar hábitos y formas de trabajo. Eso para un sector de la generación de
profesores universitarios tradicionales. Este aspecto no es el peor del proceso
indicador-objetivo. Lo realmente negativo ha sido el auge de una “cultura del
indicador” de la investigación y no de la investigación.
Estos procesos se han entrelazado
con prácticas razonables. Por ejemplo, las dificultades que presentaba la
plataforma informática para la gestión de los sexenios, la necesidad de dar
cuenta de conceptos que no eran parte del vocabulario habitual de algunos
profesores, la resistencia numantina a leer las instrucciones y ajustarse a los
formularios y la falta de tiempo a tareas que se consideraban administrativas
(y lo eran) y quizá otras de carácter personal facilitaron la aparición de empresas
dedicadas al asesoramiento para realizar los procesos de solicitud
(Sexenios.com como pionera). Resolvieron y resuelven problemas prácticos. Pero
el asunto clave no es cómo cumplimentar una solicitud sino tener la producción
que se pueda incluir. Y la solución de esta “dificultad” abrió la puerta a los
fraudes.
La fabricación de méritos comenzó
a ser rentable para acelerar la carrera universitaria. Y se empezaron a multiplicar
los fraudes para obtener los méritos concretos: congresos que pactaban la
publicación de las actas en revistas indexadas, pago por publicación de libros -sin
ningún control de calidad por parte de los coordinadores o editores- incluso en
editoriales de prestigio que probablemente nunca verán una librería (literatura
gris), congresos cuyas actas se convierten en libros de los anteriores, editoriales
depredadoras, fábricas de artículos, etc.
El otro tipo de problemas que
ocasionó el protagonismo del sexenio y sus méritos se centró más en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. Tanto los
miembros de las comisiones (tan profesores como los compañeros a los que
evaluaban) como los solicitantes clamaban por el establecimiento de criterios
objetivos en los que apoyarse: unos para evaluar, otros para orientar su
consecución. En buena parte, ese es el origen de los primeros productos de
evaluación de revistas como In-RECS o DICE. Les siguió una segunda generación
como MIAR, CIRC, Sello FECYT o Dialnet Métricas. La realidad es que, hasta el
cambio de siglo, los sexenios de investigación no se valoraban demasiado (el
incremento de ingresos que suponían era tan reducido que algunos profesores
incluso los despreciaron). De hecho, un porcentaje relativamente alto de
profesores no los había solicitado o simplemente no los tenían. Tener sexenios
era cosa de unos relativamente pocos académicos.
La aparición de Scopus (2004) y
la inclusión masiva de revistas españolas en la Web of Science en el año 2008,
tras la firma del convenio nacional, aumentó el número de trabajos
internacionales de los académicos españoles, especialmente en las áreas de
Ciencias Sociales y Humanidades. Siete años después, en 2015, se creó la base
de datos Emerging Source Citation Index de Web of Science. Esto multiplicó la
presencia de autores españoles en este producto. El resumen de estos años fue
que gracias a la indexación de revistas españolas en bases de datos
internacionales los autores nacionales comenzaron a tener una gran presencia en
bases de datos científicas internacionales, pero no tanto por la calidad de los
trabajos, sino por la indexación masiva de revistas españolas. En cualquier
caso, estas políticas condujeron a que la producción científica internacional
española se incrementara notablemente.
Desde el acceso al poder de la
coalición gobernante (2019-2023) se ha producido un parón en la actualización y
ajuste al alza de los criterios. De
hecho, las tasas de aprobación rozan el 100%. El orgullo que muestra la
administración ante estos datos es paralelo al que demostró el presidente de la
CRUE ante el “éxito” de los exámenes online tras la pandemia: paradójicamente
la universidad española era mejor sin clases, al menos los estudiantes hicieron
-según este organismo- mejor los exámenes. Si todos alcanzan el sexenio
probablemente, en la misma lógica, la ciencia española esté a su mejor nivel, a
pesar de que los indicadores de calidad digan lo contrario. Quizá sea un efecto
de la imparable democratización de la excelencia. Otro hito que destacar fue que
CNEAI fue traspasada a la ANECA.
Es verdad que, ante la evidencia
de malas prácticas, algunas comisiones de la ANECA hicieron un intento de limitar
la incidencia de la valoración de aportaciones en megajournals de editoriales
cuestionadas (MDPI, Hindawi y Frontiers). Pero retrocedió frente a la oposición
de la comunidad investigadora y las amenazas legales de las editoriales
afectadas. La inacción final ante estos fraudes ha producido una multiplicación
de estos. La respuesta oficiosa es la consolidación de expresiones como la de “catedrático
MDPI” en el lenguaje oficioso de los académicos. Un modo de denuncia irónica de
la podredumbre del sistema.
La última propuesta, que se ha
publicado como borrador, es de entrada, una puerta abierta la ambigüedad que supone
caminar en sentido contrario a la tendencia que hasta ahora se ha seguido. En principio, deja en manos de las comisiones
la interpretación de los méritos, ya que elimina la concreción pretérita. La
moda de la “bibliometría narrativa” de poco sirve si el evaluador no es un experto
en métricas científicas y en su área: trasladar el análisis experto a la
narración del solicitante es una solución incompleta y peligrosa que puede
desembocar en un estilo literario nueva, el realismo mágico bibliométrico. Eso
sin contar con que los propios solicitantes serán incapaces en muchos casos de
incluir esas precisiones en sus solicitudes. Puede que la primera consecuencia
(para poder solicitar el sexenio) sea buscar una empresa que esté en
condiciones de hacerlo correcta y adecuadamente. Difícil valorar esto como una
mejora.
En cualquier caso, de la
propuesta hay que destacar 10 hechos:
- CNEAI-ANECA
incrementa la ambigüedad en la interpretación de los méritos, pero aumenta la
indefensión d ellos solicitantes. Huye sí del falso cientifismo del Factor de
impacto de las revistas, pero deja en manos de las comisiones la interpretación
de la mayor parte del mérito. Se adopta la propuesta marginal “Bibliometría
narrativa” como eje de la evaluación científica como respuesta un modelo
híbrido de evaluación, cuantitativa y cualitativa. Quizá late un prejuicio:
confundir la valoración cualitativa con la subjetiva. Porque es posible una
valoración cualitativa contrastable con datos, sin recurrir a la “narrativa”.
- CNEAI-ANECA
recupera el campo 0, para méritos interdisciplinares. Sin embargo, no define la
interdisciplinariedad, que puede ampararse en la colaboración disciplinar
múltiple.
- CNEAI-ANECA
aumenta los posibles méritos evaluables, especialmente significativos en las
áreas más periféricas de la universidad, como las bellas artes o la música
donde se puede valorar la creación o sintetización de instrumentos. Los nuevos méritos que se aceptan se alimentan
claramente de las taxonomías de méritos creadas para el Sexenio de
Transferencia, lo que será un problema si un día se oficializa este.
- CNEAI-ANECA
intenta adaptar los criterios COARA – DORA a la forma anterior de evaluar los
méritos, incorporando dos “capas” más de información a rellenar, 1) métricas a
nivel de artículo y difusión en abierto del artículo y sus componentes.
- CNEAI-ANECA
ha renunciado a incrementar el nivel científico de las áreas, política tomada
en la actual administración. El éxito ya no se mide en la calidad de los
trabajos resultados, sino en el porcentaje de profesores aprobados, lo que
genera un triste paralelismo con la selectividad.
- CNEAI-ANECA
prácticamente ha renunciado a expulsar las malas prácticas científicas,
endogamia, publicaciones en megajournals sospechosas, editoriales de vanidad,
etc.
- CNEAI-ANECA
parece valorar solamente las bases de datos que incluyan impacto de sus
artículos con la posibilidad de ser relativizado. En Anexo destacan productos
con pleno valor como Web of Science (Incites), Scopus (SciVal), Dialnet
Métricas y Dimensions.
- CNEAI-ANECA
introduce las altmétricas como valores que refleja la repercusión de un
trabajo, pese a ser indicadores fácilmente manipulables en un contexto
caracterizado por la abundancia de fraudes.
- CNEAI–ANECA potencia el uso del registro
de las contribuciones de autor según la taxonomía CRediT
(Contributor Roles Taxonomy), lo que estimulará su adopción en revistas
científicas españolas. Esta es una decisión que mejora notablemente la transparencia
y permitirá evaluar con precisión la aportación de los autores, lo que puede
reducir algunos fraudes de autoría.
- CNEAI–ANECA quiere estimular la publicación de los resultados
científicos de forma abierta, ya sea a través de la publicación en revistas de
acceso abierto, o de preprints y datasets en repositorios.
En estos 34 años, el sexenio de
investigación ha pasado de ser un mérito de excelencia a uno de suficiencia, de
un instrumento para incrementar la calidad de la ciencia, a uno que potencia
las políticas de ciencia abierta, con y sin calidad. El espacio de valor de
indicador que ha dejado el sexenio de investigación deberá pronto ser ocupado
por otro reconocimiento si queremos ser capaces de identificar a los académicos
que realizan investigación de primer orden dentro de la creciente masa
académica.
