A modo de preámbulo: No somos
Es probable que dediques gran parte de tu jornada a recuperar información. Imagina que la información a buscar somos nosotros (los profesionales de bibliotecas, archivos y centros de documentación) en tanto que activo económico. Encontraremos la ficha empresarial[1] en el catálogo de actividades económicas de la Agencia Tributaria pero nada[2], ni con las opciones de la búsqueda avanzada, en la lista de convenios colectivos -el marco que regula los derechos y obligaciones entre trabajador y empresario-. Tampoco encontrarás una patronal del sector constituida y organizada. Resumiendo: somos una actividad económica que carece de patronal y de un mecanismo regulador específico de relaciones laborales. Por defecto, se nos aplica un convenio “genérico” (por lo general el de oficinas y despachos) que permite ajustar gastos a nuestra consta. Estamos al albur del mercado.
Esta situación, creíamos, afecta sólo a los profesionales contratados por la empresa privada, un colectivo disperso, difícil de detectar, que pone de manifiesto (y sufre) nuestro escaso valor de mercado. Cuando el aumento del gasto público intenta contenerse recurriendo a la externalización, el paraguas de bienestar que ofrece la función pública se reduce y el colectivo marginal ya no lo es tanto. En las asociaciones profesionales solíamos situarlo en la periferia de nuestras preocupaciones: sabíamos que existía, pero carecíamos de datos concretos. Sin embargo, en Euskadi, esta realidad es imposible de ignorar. Y, sí, ahora preocupa en ALDEE.
Necesitamos reconocernos como agentes económicos. Necesitamos sentirnos economía. Defender nuestra profesión no es solo un ejercicio de resistencia cultural; también es una cuestión de mercado. Requiere activar los mecanismos para conseguir una negociación colectiva. Sin una patronal ni representantes sindicales comprometidos con nuestro sector, nunca habrá una mesa donde sentarnos a negociar un convenio. Y para lograrlo, no te rías, necesitamos trabajar en los imaginarios que sostienen y definen nuestra profesión.
Abolitio nominis y los imaginarios
Las transformaciones del sector de la información están alterando la naturaleza de las instituciones y sus profesionales. Muchos espacios de nueva creación, en su intento de mostrar que nacen adaptados a los nuevos tiempos, que son algo diferente, evitan la denominación biblioteca o la matizan (CRAIS, mediatecas, bibliotecas de creación…); prefieren el mediador al bibliotecario y aunque la titularidad de los espacios sigue siendo pública se recurre cada vez más a empresas externas para la gestión de personal, espacios y colecciones. Se incide en las denominaciones pero no en la mejora de las condiciones: titulaciones no específicas y desregulación profesional siguen siendo habituales. Difícil no intuir un escenario laboral depauperado en el que los nuevos profesionales seguirán sin cualificaciones especializadas (igual que a finales del XX pero, a diferencia de hace 40 años, ahora sí tenemos una oferta de estudios universitarios y de personas formadas), sin marco regulado y sin una denominación que ayude a reconocerse como colegas.
Y mientras se degradan las condiciones laborales y perdemos hasta el nombre afloran los descontentos. Son recurrentes las polémicas que suscitan los mensajes de colegas que no se identifican con lo que las asociaciones al uso representamos y defendemos[3]; se nos acusa de ser acomodaticias, adocenadas e irrelevantes[4]. De la misma manera que nos preocupan y combatimos los estereotipos que nos identifican con algo rancio que -nos gusta creer- no somos, deberíamos rebatir con hechos la inacción que se nos atribuye y mejorar lo que transmitimos como asociaciones. Sí, somos buenos organizando cursos, jornadas y congresos (¿es eso un defecto?), difundiendo las tendencias del momento, tendiendo alianzas entre nosotras -fortaleciendo de paso esa federación que compartimos, FESABID- y aunque no siempre se vean los frutos, también trabajando por la profesión ante empresas, instituciones y responsables políticos. Necesitamos explicar mejor a los que observan esperando recoger los frutos[5] lo que hacemos en la defensa de los asuntos públicos[6]. Esta nota es un intento.
Ese jardín que decidimos pisar
Llevo tiempo dándole vueltas a contribuir con una nota thinkepi al debate sobre la externalización de personal en bibliotecas archivos y centros de documentación para hablar sobre la jornada[7] organizada por ALDEE[8], la asociación vasca de profesionales del sector, y FESABID[9] para conmemorar la firma del primer convenio laboral del sector[10], un hito en el que la participación de ALDEE fue clave. El programa, diseñado para abordar la contratación externa desde una perspectiva transversal, reunió a expertos en derecho, representantes de la administración pública, empresas del sector, profesionales de bibliotecas y archivos, y representantes sindicales. La intención era clara: generar un debate amplio y proponer estrategias concretas para enfrentar los retos actuales en la contratación de servicios de información y documentación.
Carlos Amerych, profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña, inauguró la jornada señalando que revertir los procesos de externalización es posible. Como ejemplo, mencionó el “rescate” del servicio de limpieza de su universidad, en el que él mismo había participado. Sin embargo, tanto su análisis sobre la complejidad de estos procesos como la intervención de Diego Maseda, director del Servicio de apoyo técnico y operativo de la Red de Bibliotecas Municipales de A Coruña, quien detalló los constantes vaivenes en la gestión de las bibliotecas coruñesas, dejaron entrever una conclusión clara: lo ideal sería evitar desde el principio que las externalizaciones se produzcan.[11] Javier Serrano Chamizo, asesor jurídico del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC / KEAO), aportó un análisis técnico sobre cómo la Ley de Contratos del Sector Público[12] (LCSP) regula la contratación de servicios. En tono humorístico, se auto definió como el "malo" de la jornada.
No pongo en duda que las administraciones cumplan la ley; tampoco que eso no es óbice para evitar las malas condiciones laborales que se denuncian ni las competencias desleales que sufren las empresas del sector como apuntó Josep Asensi, CEO de Identification Care S.L. Finalmente, Iker Callao, representante del sindicato LAB, expuso el proceso de gestación del convenio sectorial de Gipuzkoa. Este instrumento busca regular las condiciones laborales y establecer estándares mínimos en la contratación de servicios de información, ofreciendo una vía para mitigar la precariedad laboral en el sector y promover un marco más justo y equitativo para las y los profesionales.
Celebramos la creación y firma del convenio, un paso importante, pero inevitablemente surge la pregunta: ¿es suficiente un logro parcial en un panorama aún marcado por la precariedad y la desigualdad? Persiste la sensación de que estamos lejos de alcanzar una solución integral para un sector que demanda, con urgencia, una respuesta estructural y coordinada a nivel estatal.
Aunque esta reflexión no pretende repetir ideas ya expuestas, es importante destacar que hemos demostrado que impulsar un convenio sectorial propio es posible. Sin embargo, su alcance es extremadamente limitado, restringiéndose a la provincia de Gipuzkoa. Replicar este modelo a nivel nacional enfrenta serias dificultades: la complejidad del proceso y el escaso interés de los grandes agentes implicados (sindicatos, empresas y administraciones) dificultan su proyección más allá del ámbito local.
Ya que estoy en el jardín disfrutemos el paisaje y aprendamos: el debate Interno
En el seno de ALDEE, las reflexiones sobre la contratación han generado intensos debates, enriqueciendo nuestras juntas y empujándonos a confrontar perspectivas diversas sobre lo que supone externalizar servicios. Las posturas dentro de la asociación pueden resumirse en dos grandes corrientes:
1. La postura crítica: Este grupo sostiene que cualquier iniciativa para regular la externalización, como la creación de un convenio laboral específico, podría interpretarse como un respaldo implícito a la externalización de servicios. Desde este punto de vista, trabajar en un marco regulador para algo que consideran negativo en esencia sería un flaco favor a la profesión, pues legitimaría un modelo de gestión que debería evitarse en lugar de normalizarse.
2. La postura posibilista: Por otro lado, quienes compartimos una visión más pragmática aceptamos que la externalización es una realidad que no podemos frenar, al menos en el corto plazo. Desde esta perspectiva, lo más sensato es minimizar los efectos dañinos de la externalización sobre las partes implicadas, especialmente las y los trabajadores. También incluimos en esta ecuación a las empresas que los contratan, dado que ellas juegan un papel clave en la calidad del empleo y el servicio.
El debate nos ha llevado a profundizar en la diversidad del sector empresarial que participa en la externalización. Si bien todas las empresas buscan beneficios económicos, su enfoque puede diferir significativamente:
- Empresas éticas y responsables: Estas compañías buscan compatibilizar el beneficio económico con un modelo de negocio que respete a los trabajadores y ofrezca condiciones laborales dignas. Conciben su éxito como una suma de beneficio económico y social, procurando un equilibrio ético que satisfaga tanto a los empleados como a las instituciones que las contratan. El convenio de Gipuzkoa fue posible porque las empresas de GALDE[13] son de este perfil.
- Empresas puramente lucrativas: Estas operan bajo una lógica más competitiva y agresiva, priorizando la reducción de costes salariales como principal estrategia para aumentar beneficios. Este modelo pone en riesgo las condiciones laborales de las y los trabajadores, convirtiéndolos en la variable de ajuste para maximizar ganancias.
La idea de desarrollar un convenio sectorial en Gipuzkoa surgió precisamente como una respuesta a esta diversidad de prácticas empresariales. Nuestro planteamiento inicial fue que un convenio podría articular unas reglas del juego claras y equitativas para todas las partes implicadas. Un convenio sectorial establecería:
1. Estándares mínimos salariales y laborales: Garantizando condiciones dignas para las y los trabajadores, sin importar qué empresa los contrate.
2. Normas homogéneas para las empresas: Generando un marco regulador que elimine ventajas competitivas desleales basadas en la precarización del empleo.
3. Un equilibrio ético en el sector: Permitiría diferenciar y dar preferencia a aquellas empresas que respeten los principios éticos en la contratación.
El debate interno en ALDEE no ha sido fácil, pero ha sido necesario. Nos ha llevado a enfrentarnos a las tensiones entre ética y pragmatismo, entre resistencia y adaptación. Aunque seguimos sin un consenso pleno, lo que sí compartimos es la certeza de que cualquier solución debe priorizar el bienestar de las y los profesionales y garantizar la sostenibilidad de unos servicios de calidad para la ciudadanía. La externalización seguirá existiendo, pero tenemos la oportunidad —y la responsabilidad— de incidir en cómo se lleva a cabo, para que sea lo menos dañina posible y compatible con los valores de nuestra profesión.
Reflexión Final : un modelo de gestión con el que hay que convivir
Las asociaciones hemos aprendido varias lecciones tras impulsar la firma del convenio sectorial en Gipuzkoa[14]. En primer lugar, hemos demostrado que establecer un convenio es posible, lo cual marca un precedente importante. En segundo lugar, aunque replicar este modelo en otros territorios no es imposible, su viabilidad real es limitada, ya que depende de múltiples factores: voluntad política, implicación de los agentes sociales y condiciones específicas del sector en cada territorio. Finalmente, la realidad más obvia: la externalización seguirá existiendo. Las circunstancias actuales no favorecen su desaparición; al contrario, su presencia se refuerza debido a la inercia de los agentes implicados, ya sea por necesidad, por dejación de funciones o por puro desinterés en abordar soluciones estructurales.
Para las administraciones, externalizar simplifica la contratación y favorece la disminución de gastos, dejando de lado cualquier compromiso social. No existe una voluntad de introducir mecanismos correctivos o transformar el modelo de contratación actual a menos que se produzca un conflicto significativo con repercusión mediática. La realidad es que solo grandes centros, con un número considerable de personal subcontratado, tienen capacidad para articular una respuesta organizada que permita plantear estos conflictos de manera efectiva.
El panorama sindical tampoco resulta alentador. En las reuniones que mantuvimos en Euskadi los grandes sindicatos (UGT, CCOO) nos dejaron claro que no están dispuestos a abrir nuevas mesas de negociación para abordar convenios específicos del sector GLAM. Su posición es que las cuestiones laborales del sector ya tienen cabida en los convenios generales existentes, como ocurre actualmente en Bizkaia[15] y Araba[16]. Esta falta de interés obliga a los profesionales a buscar acomodo en sectores más amplios como el de intervención social o el de ocio educativo y animación socio cultural, lo que contribuye a diluir y desdibujar la identidad profesional del sector.
Además, las empresas especializadas en la gestión de archivos, bibliotecas y centros de documentación representan una minoría frente a las empresas generalistas, que suelen ofrecer servicios más competitivos al operar "a precio" y sin preocuparse por cumplir estándares de calidad o regulación profesional. La falta de un convenio sectorial claro que delimite perfiles y funciones permite que estas empresas generalistas dominen las licitaciones, desplazando a las especializadas.
A esta problemática se suma el hecho de que, aunque existe una legislación amplia que regula la actividad de archivos y bibliotecas, su cumplimiento es deficiente. La desregulación profesional, unida a la falta de requisitos específicos en las titulaciones, crea un terreno fértil para la precarización. Sin criterios claros que reconozcan la especificidad y el valor del trabajo en bibliotecas, archivos y museos, la profesión queda expuesta a una constante degradación.
La externalización no es un fenómeno nuevo, pero su consolidación y expansión plantean retos profundos que las asociaciones profesionales debemos enfrentar. Es necesario avanzar hacia un modelo en el que la externalización no signifique precariedad ni desprotección, donde se respeten los estándares éticos y profesionales, y donde los servicios GLAM se reconozcan como pilares fundamentales del desarrollo cultural y social. Aunque los avances son posibles, como lo demuestra el convenio de Gipuzkoa, resulta evidente que sin una acción coordinada y decidida de todos los agentes implicados, seguiremos navegando en un modelo que perpetúa desigualdades y pone en riesgo el futuro de la profesión.
[2] Por lo menos hasta 2022
[3] “Las asociaciones y colegios están para hacer congresos, hablar de tendencias inalcanzables y darse palmaditas en la espalda encantados de haberse conocido. De dignificar las condiciones laborales de la profesión ya otro día, que eso es mucho follón”. Mensaje difundido el 30 de enero de 2023 en respuesta a una oferta de trabajo que ejemplifica a la perfección la pauperización del sector https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=IWETEL;682ebedf.2301e&S=
[4] Anglada, Lluís M. (2021). “Carta: Reflexiones sobre posibles razones de una minorización profesional excesiva y propuestas para su reversión”. Profesional de la información, v. 30, n. 6, e300604. https://doi.org/10.3145/epi.2021.nov.04
[5] Marcus Olson escribió en 1965 “La lógica de la acción colectiva”, un análisis importante para comprender la participación social. Para Olson un gorrón, polizón o “free-rider” es aquel que disfruta de los beneficios de una acción colectiva sin participar en ella. ¿Nos quedaremos sin gorrones?
[6] ¿Recuerdas la ley de secretos oficiales? Más de una veintena de asociaciones de archiveros y bibliotecarios de toda España —incluida la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid)— presentaron alegaciones a la Ley de Información Clasificada, que sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, todavía vigente, en las que pedían, entre otros cambios, que no se pueda clasificar información sobre vulneraciones de los derechos humanos para ocultarlas al conocimiento público y que se sancione a quien lo haga. (Miguel González. El País, 12/8/22)
[13] GALDE, Asociación de Empresarios de Archiveros, Bibliotecarios y Centros de Documentación de Gipuzkoa